Tribunal declara legales interceptaciones telefónicas contra Álvaro Uribe
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El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos ha tomado un nuevo rumbo en los últimos meses.
El Tribunal Superior de Bogotá aseguró que las interceptaciones de las llamadas entre el expresidente Uribe y el abogado Diego Cadena, realizadas en el 2018, ya habían sido decretadas como legales por la Corte Suprema de Justicia, pues habían sido obtenidas a través de una orden judicial.
Aunque la defensa del exmandatario había solicitado que se declararan ilegales, debido al “secreto de confidencialidad entre abogado y cliente”, la Corte aseguró que para ese momento el señor Cadena no era el defensor de Álvaro Uribe durante el proceso que se levantaba ante el alto tribunal.
La decisión de la entidad de rechazar la solicitud de la Fiscalía para cerrar el caso ha sido un hito en el desarrollo de esta investigación, lo que ha generado reacciones encontradas en distintos sectores del país.
La investigación contra el exmandatario surge de las denuncias sobre la presunta manipulación de testigos para afectar al senador Iván Cepeda. En 2023, la Fiscalía General de la Nación había solicitado la preclusión del caso, argumentando que no existían pruebas suficientes para continuar con el proceso. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que aún persistían “incertidumbres sustanciales” que debían ser esclarecidas, por lo que ordenó la continuidad del proceso.
La decisión del Tribunal ha sido celebrada por distintos sectores políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos. El senador Iván Cepeda, quien ha sido parte del caso desde el inicio, manifestó su satisfacción ante la determinación judicial: “Son 12 años de lucha para llegar a este momento. Hemos enfrentado varios intentos de preclusión, pero finalmente se impone la verdad y la justicia”.
Desde el lado de la defensa de Uribe, la postura ha sido de inconformidad. En octubre de 2024, los abogados del expresidente solicitaron la suspensión temporal del juicio, argumentando falta de garantías procesales.
Según la defensa, no contaban con el tiempo suficiente para analizar pruebas clave, como el contenido de un computador y un teléfono pertenecientes al testigo Juan Guillermo Monsalve. Sin embargo, en noviembre del mismo año, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extracción forense de estos dispositivos, con la intención de esclarecer su relevancia dentro del proceso
